La transición energética es una oportunidad única para el empleo en España

La transición energética en España, necesaria para cumplir los acuerdos internacionales sobre cambio climático, supone una oportunidad para la modernización de la economía de nuestro país en términos de justicia social y de sostenibilidad económica y ambiental. Así lo afirma un estudio de la Oficina de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en España y la Fundación Conama que recoge la visión de los actores principales de este cambio en curso sobre las oportunidades y desafíos que plantea, así como sus propuestas para una transición justa desde la perspectiva de las propias directrices de la OIT en la materia.

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El informe, elaborado por la consultora Abay Analistas, lleva por título La aplicación de las directrices de la OIT sobre transición justa en el contexto de la transición energética española y se centra en tres sectores económicos fundamentales como son la generación de electricidad, la automoción y la construcción. El trabajo se fundamenta en una veintena de entrevistas en profundidad a diversos actores clave como responsables de políticas energéticas, industriales y de empleo; dirigentes de organizaciones sindicales y empresariales y de empresas de los mismos sectores; responsables de servicios de empleo y de formación ocupacional, así como expertos en medio ambiente, desarrollo, economía social, transición energética y transición justa.

Entre las oportunidades desatacan el impacto positivo que puede tener sobre la generación de actividad económica y empleo; el impulso y la dinamización que puede ejercer sobre la I+D+i, la competitividad empresarial y la igualdad de oportunidades; las potencialidades de la generación de energía distribuida y la oportunidad que la transición supone para los territorios con mayor desempleo. 

Como parte de los desafíos se incide en la  los retos políticos, normativos y de carácter técnico; la reestructuración que va a afectar a determinadas actividades productivas; el acompañamiento que el sistema nacional de formación y cualificación debe hacer a las transformaciones industriales esperadas y la imprescindible diversificación de las zonas dependientes de las energías fósiles.

El informe se completa con una serie de recomendaciones de carácter general, elaboradas por un Consejo de redacción, grupo de expertos ad hoc de distinta procedencia, que reclaman un liderazgo público que permita un amplio acuerdo social, Acuerdo de Sociedad, y anticipe escenarios predecibles y transparentes que se alineen con los compromisos internacionales derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda climática. Llaman a establecer un marco regulatorio estable, un enfoque fiscal armonizado con el de los demás países europeos y unas señales de mercado que faciliten las inversiones y la reorientación de la actividad económica y del consumo público y privado hacia un modelo bajo en carbono.

Del mismo modo, señalan la importancia del diálogo social tripartito y cómo los sistemas de protección social deberán adecuarse a mitigar y proteger las situaciones de desempleo transicional que el cambio pudiera ocasionar, con especial atención hacia los sectores de empresas auxiliares en las que la recolocación es más difícil de operar que en las empresas principales, de las que se espera una corresponsabilidad en este proceso.